Por Mariana Andrade

Todas las discusiones que se den sobre el proyecto de la nueva Ley Orgánica de las Culturas serán siempre insuficientes. Mientras más se hable y discuta sobre ello, más entendimiento tendremos del escenario cultural en el que vivimos. Sin embargo, todas las discusiones tienen que partir, necesariamente, del análisis político–técnico de lo que fue el proceso de elaboración y discusión de la ley.

Hay que debatir sobre esta propuesta de ley de manera responsable. La nueva Constitución del Ecuador otorgó una importancia fundamental a la cultura.  Dejó de ser, en este gobierno, un concepto contemplativo para ser considerada como una acción que atraviesa la cotidianidad de todos, desechando además, definiciones decimonónicas. Pero para que el proyecto de ley realmente ocupe un papel predominante en las políticas del Estado, primero tiene que aprobarse en la Asamblea y seguir varios procesos.

Este proyecto de ley es un modelo que ha evolucionado con los años. En gobiernos anteriores también se hicieron diferentes versiones de una Ley de Cultura, pero ningún cambio estructural se contemplaba en estas propuestas. Más bien, mantenían el status quo y eran el resultado de criterios improvisados, sin un real interés de formular políticas públicas efectivas.

Veamos el estado actual de la ley. El Ministerio de Cultura en el 2009, presenta a la Asamblea un proyecto de Ley de Culturas. Esta propuesta contempla la creación de un Sistema Nacional de Cultura (SNC) integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciben fondos públicos. A partir de este SNC, se desprenden dos subsistemas: el de la Memoria y Patrimonio y el de la Circulación y Promoción de Bienes Culturales. Este modelo de organización, se supone, superaba la anacrónica separación entre patrimonio y arte, pero sobre todo entre sociedad y Estado, basándose en el respeto a los derechos ciudadanos.

A partir de ese momento en la Asamblea se crea una comisión “ocasional” para que estudie el proyecto de Ley y elabore un informe previo a su discusión general (nunca entendí porque en  esta comisión Alianza País quedó en minoría, mientras los delegados de partidos de oposición, Sociedad Patriótica, Social Cristiano, entre otros, obtuvieron una mayoría que defendía instancias como la autonomía de la CCE). Esta mayoría elaboró un informe que transformó el proyecto de ley en una de carácter más etnicista (razas, lenguas, tradiciones). Mientras tanto, el informe de la minoría respetaba, de cierta manera, la propuesta enviada por el entonces Ministro Ramiro Noriega.

En el marco de este enredo de informes (que los simples gestores, mortales como somos, no estamos en capacidad de asimilar en su real dimensión) se debatirá próximamente la que, se supone, es una de las leyes que transformará el quehacer cultural de este país, pues al ser una Ley de carácter orgánico, el resto de leyes y otras instancias desaparecen o se integran en un solo sistema.

Las instituciones culturales, hasta ahora, no han funcionado bajo ningún criterio de planificación global de administración cultural y de aprobarse la ley, tal como fue presentada, esto cambiará radicalmente. La Casa de la Cultura es un ejemplo de ello. Esta institución nació como un proceso político marginal. Sin embargo, a pesar de su naturaleza, en todos los años de existencia, le dio la espalda a los procesos que como ella, nacieron de la marginalidad. Escritores, poetas, músicos (casi todos de izquierda) se tomaron la CCE y la manejaron a su antojo, permaneciendo ahí por décadas. Eternizarse en puestos de administración, que al fin y al cabo son también puestos de poder, ha tenido consecuencias nefastas. De ser una esperanza, la CCE terminó como el Saturno de Goya, devorando a sus hijos, entre redes clientelares, auspicios banales y compadrazgos. Desde la administración de su presupuesto, donde se refleja que es mayor el gasto corriente que la inversión, hasta la calidad de los productos y espacios culturales (museos vacíos, teatros venidos a menos, a excepción de la Cinemateca cuyo cambio de mando ha sido más que fructífero y con resultados notables para todos), la tónica ha sido de cero acercamiento con los gestores culturales. Esa es la realidad de “la casa”, a pesar de los intentos que ha hecho el gobierno por reverdecerla.

La CCE necesita redefinir su papel en una sociedad en la que ha actuado siempre, en función de sus presidentes o dirigentes de turno. Sigue insistiendo en discutir casa adentro su propia transformación (en eso se parecen a la vieja guardia aglutinada en los movimientos estudiantiles de las universidades estatales) y pelea, y por todos los medios posibles, por mantener su vicioso modus operandi. Creo que la aprobación de la Ley, si pasa el Informe de Minoría, pondrá orden en todas estas instituciones que tienen un funcionamiento anacrónico, que no corresponde a las demandas de la época actual. Ninguna institución que reciba fondos públicos se puede pensar autónoma.

Pero hay que indicar también que existe una falencia en el Sistema Nacional de Cultura (SNC), en lo que se refiere a los artistas y espacios que se denominan independientes. Estos no están considerados en el SNC, aunque la misma ley indica que podemos ser parte del mismo, tan solo solicitándolo. La creación de una red de salas públicas, elencos estatales de música, de teatro, de danza, de orquestas sinfónicas, etc., está contemplada en este sistema. Pero ¿qué pasa con los espacios independientes? ¿Qué pasa con aquellos que no desean pertenecer a los elencos estatales o la red de espacios públicos creados y organizados desde el Estado? Por todo esto nace nuestra propuesta de crear un Sistema Nacional de Salas y Espacios Independientes, reconociendo que el carácter de independiente también es de interés del Estado y que debe ser incluido en el gran sistema.

Los espacios independientes han sido el motor fundamental en la difusión y promoción de bienes culturales. Han generado empleo, han tributado, han formado gestores culturales, han sido la base sobre la cual el cine, el teatro, la danza, la música… han encontrado un espacio de difusión por décadas.

Esperemos que la creación de este Sistema Nacional de Cultura arranque de raíz a las instancias del poder público que manejaron la cultura como un instrumento de poder y no de servicio público. Es importante rescatar la idea de los institutos, que serán parte de este sistema, para todas las áreas de la cultura que contempla la Ley, porque ese es finalmente el camino más apropiado para distribuir fondos y diseñar sobretodo política pública certera y puntual sobre cada sector. Esperamos también que estos sistemas sean básicamente horizontales, abiertos, vivos, sin tanta burocracia y que rompan con las rutinas de un poder ineficiente y arbitrario.

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