Todas las discusiones que se hagan sobre el proyecto de la nueva Ley Orgánica de las Culturas, serán siempre insuficientes. Mientras más se hable y discuta de ello, más entendimiento tendremos del escenario cultural en el que vivimos ahora.

Hay que debatir sobre esta propuesta de manera responsable. La nueva constitución del Ecuador, le otorgó una importancia fundamental a la cultura. Dejó de ser, en este gobierno, un concepto contemplativo, para ser considerada como una acción que atraviesa la cotidianidad de todos, dejando de lado además, definiciones decimonónicas sobre la misma. Sin embargo, para que el proyecto de ley ocupe un papel predominante en las políticas del Estado, primero tiene que aprobarse en la Asamblea y seguir varios procesos por los cuales se encuentra atravesando.

Este proyecto es un modelo que ha evolucionado con los años. En gobiernos anteriores también se hicieron diferentes versiones de una Ley de Cultura, pero ningún cambio estructural de base se contemplaba en estas propuestas. Más bien, mantenían el status quo establecido y eran el resultado de criterios improvisados, sin un real interés de formular políticas públicas. Ahora la situación es diferente.

El proyecto de Ley presentado ahora a la Asamblea por el Ministerio de Cultura, contempla la creación de un Sistema Nacional que estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciben fondos públicos y que crea dos subsistemas: el de la memoria y patrimonio y el de la circulación y promoción de bienes culturales. Este modelo de gestión, se supone, superará la anacrónica separación entre sociedad y Estado, sobre la base del respeto y la garantía a nuestros más elementales derechos. Supone también, la construcción de más sistemas paralelos, como el de festivales, entre otros.

Las instituciones culturales hasta ahora, no han funcionado bajo ningún criterio de planificación global de la administración cultural. La desvencijada Casa de la Cultura es un ejemplo de ello. Aquella es una institución que necesita redefinir su papel en una sociedad en la que ha actuado siempre, en función de sus presidentes o dirigentes de turno. Insiste en discutir en interno su propia transformación (en eso se parecen a la vieja guardia aglutinada en los movimientos estudiantiles de las universidades estatales) y pelea todos los días, y por todos los medios posibles, mantener su vicioso modus operandi. La aprobación de la Ley, pondrá orden, por decirlo de algún modo, en todas estas instituciones que tienen ya, un funcionamiento anacrónico, que no corresponde a las demandas ciudadanas de la época actual. No habrá, nos dicen los patrocinadores de la Ley, en ningún caso, control de contenidos, ni censura.

Sin embargo, debemos decirlo, hay una falencia en los sistemas que se están creando, un concepto que no ha sido incorporado: los artistas y espacios que se denominan independientes y desde los cuales se han gestado movimientos culturales de gran valía por décadas, no están del todo considerados. La creación de una red de salas públicas, elencos estatales de música, de teatro, de danza, de orquestas sinfónicas, etcétera, está contemplada en el sistema. Pero ¿qué pasa con los espacios independientes? ¿Qué pasa con aquellos que no desean pertenecer a los elencos estatales o la red de espacios públicos creados y organizados desde el Estado?

Por esto, en concreto, proponemos al Ministerio de Cultura, la incorporación de estos espacios, creando –sobre bases técnicas– un sistema nacional de salas independientes, que recuperará, formalizará, pero sobre todo, reconocerá que el carácter de independiente, también es válido para el Estado, y avalizará estos espacios, algunos de los cuales han sido el motor fundamental en la difusión y promoción de bienes culturales. Estos espacios, han generado empleo, han pagado sus tributos fiscales, han formado gestores culturales, han sido la base sobre la cual el cine, el teatro, la danza, la música, han encontrado un espacio de difusión adecuado.

La idea no es nueva. Solo basta tomar como referencia lo hecho en otros países. En la Unión Europea por ejemplo, existe el programa denominado “Europa Cinemas”, que son salas incorporadas a un sistema y que reciben subvenciones estatales porque permiten la difusión fundamentalmente del cine europeo. El programa ha traspasado las fronteras de sus países. La solución estructural que garantice la existencia a futuro de más salas y proyectos como OCHOYMEDIO en el Ecuador, debe venir en una conjunción de individuos independientes y el Estado.

Que se entienda bien nuestra propuesta: no creemos en un sistema benefactor, ni asistencialista. Creemos en la existencia y construcción de estos sistemas, así como también en gestores culturales que trasciendan el pedido de dádivas y que dejen el reclamo como medida de presión para obtener recursos. Queremos ser altamente competitivos, porque de esto también dependerá, que se sienten las bases de lo que se denomina Industrias Culturales.

Esta formación de los sistemas planteados, sacará de raíz a las instancias del poder público que manejaron la cultura como un instrumento de poder y no de servicio público por años.  Esperemos también, que estos sistemas, sean básicamente horizontales, abiertos, vivos, desburocratizados y que rompan con las rutinas de un poder ineficiente y arbitrario al que hemos estado acostumbrados.